Es una posibilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas para participar en las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte puede convocar a una audiencia pública para decidir cambios en el recorrido de un medio de transporte y escuchar a todas las opiniones interesadas.
