Al cumplirse cuatro años de la histórica condena a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba en el marco del plan represivo de secuestro, tortura y exterminio contra los sectores democráticos de la sociedad civil orquestado por la última dictadura cívico-militar que tuvo la Argentina, la Municipalidad de Córdoba por intermedio del intendente, Martín Llaryora, declaró Patrimonio Cultural de la Ciudad las actas de la sentencia y el archivo fílmico del denominado Megajuicio de La Perla que determinó penas de cárcel a 38 acusados, 28 de ellos a perpetua.
La ceremonia se realizó en el Cabildo histórico por video conferencia y contó con la participación del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las dos máximas autoridades de la ciudad, el intendente y el viceintendente, Daniel Passerini, además de funcionarios municipales, provinciales, integrantes de organizaciones de Derechos Humanos de la provincia y el juez federal Jaime Díaz Gavier presidente del tribunal de la causa, quien fue el encargado de entregar a la ciudad la copia de las actas de la sentencia (46 mil fojas divididas en cinco cuerpos).
El viceintendente Passerini rescató la decisión como “un acto de justicia en la memoria” para los cordobeses. “Contar con todos los testimonios recabados durante el juicio histórico a los genocidas de la Perla pone a Córdoba nuevamente en un lugar importante de la historia. Hoy por un hecho que fue justicia hacemos justicia en la memoria de los cordobeses incorporando este patrimonio que como bien dijeron en sus alocuciones el Presidente Fernández y el intendente Llaryora, la cultura de un pueblo se construye de muchas maneras, pero la preservación de la identidad y el respeto por la memoria claramente le dan un pilar fundamental”, expresó Passerini.
El Megajuicio de la Perla investigó crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Córdoba (La Perla, Campo de la Ribera, el Departamento de Informaciones de la Policía D2 entre otros) entre marzo de 1975 y diciembre de 1978 contra 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. Fueron 354 audiencias, el número de acusados alcanzó a 54 once de los cuales murieron durante los casi cuatro años que llevó el juicio por lo que terminaron escuchando el veredicto 43 imputados que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre ellos el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez (que así recibía su decimosegunda condena a perpetua), Héctor Pedro Vergez, Ernesto Barreiro y Carlos Yanicelli. Finalmente hubo 38 condenados.
