El Concejo Deliberante expresó su rechazo a la pretensión del Gobierno nacional de poner a la venta el predio donde se ubica el sitio de la memoria conocido como “La Perla Chica”, junto a La Perla, tristemente célebre por haber sido el mayor sitio clandestino de detención y tortura de la provincia durante la última dictadura militar.
La pretensión del Gobierno nacional se conoció mediante un decreto, pero en la práctica la medida tuvo un freno judicial, al disponerse una media de no innovar al respecto. Al margen de ese statu quo, el Concejo decidió fijar posición sobre el tema, a partir de dos proyectos presentados por Rossana Pérez y Laura Vilches.
“Pretenden hacer más eficiente el Estado, pero este no es un espacio cualquiera o uno que se pueda evaluar. No es un terreno vacío, sino un sitio de memoria de una etapa oscura de nuestra historia. La memoria permanece viva, nos interpela sobre el valor de los DDHH. La enajenación de este espacio vulnera la Ley Nacional 26.691 de los sitios de memoria y la prohibición de su enajenación. Córdoba no va a olvidar la historia. Eso no se negocia”, argumentó Rossana Pérez (HUxC).
Por su parte, Vilches recordó que por el predio en cuestión “pasaron 1.500 personas” mientras funcionó como centro clandestino de detención. “Los testigos sobrevivientes pudieron reconocer los espacios a partir de la cercanía con los espacios colindantes. La transformación de los espacios implicaba deshacerse de pruebas, ya que los detenidos los reconocían por los recorridos o los sonidos. La preservación debe existir para la existencia de justicia presente, pasada y futura. Los delitos de lesa humanidad no prescriben”, señaló.
También el radical Sergio Piguillém aportó su mirada, al recordar que en junio y julio de 1978, mientras se disputada en el país el Mundial de Fútbol, llegó a Córdoba una delegación internacional de la Cruz Roja, para investigar las denuncias que los organismos de DDHH hacían. La reacción de los militares fue hacer la limpieza y el encubrimiento de las escenas.
“A muchos detenidos los llevaron a la Perla Chica, en la localidad de Malagueño y volvieron recién volvieron cuando acabó el mundial”, dijo el concejal, poniendo de relieve la importancia de ese predio en el marco de la estructura represiva de la dictadura.
Por último, Martín Simonián expresó: “Los argentinos nos acostumbramos a concertar en 40 años de democracia. Uno de esos grandes acuerdos nacionales innegables es la reivindicación y el respeto a los DDHH, y le agregaría el apoyo al juicio a los genocidas y el mantenimiento de los espacios de los centros de tortura. Que el Estado nacional pretende enajenar la Perla Chica o campo Malagueño, no solo es desafortunado, sino que va en contramano de estos acuerdos. Son escenas del crimen. Aún hoy hay causas relacionadas con este lugar y por ello los fiscales han solicitado no innovar y frenaron la venta. Son la memoria del terrorismo de Estado y venderlos sería una falta de respeto para los torturados”.
